REFORZADA LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN FRENTRE AL RIESGO DE INCENDIOS
En el BOCyL nº 205 de 24 de octubre aparece publicado el DECRETO-LEY 2/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales.
Este decreto-ley tiene como finalidad establecer medidas urgentes para reforzar la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales, adaptándose a la mayor frecuencia y virulencia de los mismos.
Principales medidas
Establece la obligación de planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que cubran todo el territorio y funcionen durante todo el año.
Define un operativo permanente de medios humanos, materiales y tecnológicos para luchar contra los incendios forestales.
Fija que, en situaciones de riesgo meteorológico elevado, puedan aplicarse de inmediato prohibiciones o limitaciones de actividades con peligro de incendio.
Regula el uso del fuego, de las máquinas, y de las actividades en la franja de influencia de terrenos forestales (por ejemplo, hasta 400 m) para asegurar que se adapten al nivel de riesgo.
Declara de interés público o utilidad pública ciertas infraestructuras estratégicas de prevención y extinción en perímetros de protección prioritaria, lo que facilita su ejecución aunque afecten bienes de terceros.
Obliga a los titulares de terrenos forestales a mantenerlos en condiciones adecuadas de prevención (limpieza, gestión de combustibles, etc.), con posibilidad de actuación administrativa subsidiaria si no cumplen.
Ámbito de aplicación
Se aplica tanto en zonas forestales como en su franja de influencia (por ejemplo, terreno rústico contiguo) en las que exista riesgo de incendio forestal. Las autonomías deben adaptarse, dado que tienen competencias en esta materia.
Importancia para el público
Refuerza la seguridad de personas y bienes al mejorar la capacidad operativa frente al fuego.
Para los propietarios de terrenos: implica obligaciones directas de mantenimiento y gestión que antes podían no estar tan reguladas.
Para ayuntamientos y administraciones locales: exige una planificación más rigurosa y un sistema de respuesta más coordinado.
También es un mensaje claro: ante el cambio climático y la mayor virulencia de los incendios, la legislación avanza hacia un sistema más robusto, con prevención activa en lugar de sólo extinción reactiva.